Sucio, etimológicamente, significa húmedo, manchado,
como una mancha que permanece sin secarse en una prenda.
Así se conserva la huella de los acontecimientos de la
guerra sucia que en nuestro país se desarrolló durante
las décadas de los sesenta, setenta y parte de los
ochenta del siglo XX. La guerra sucia que se desató,
principalmente contra los integrantes de las
organizaciones guerrilleras, fue silenciada al paso de
los años. En el discurso gubernamental nunca existió. En
el exceso del desacierto, el discurso pretendió
sustituir a los sucesos, y las acciones de
contrainsurgencia llevadas a cabo por el Estado mexicano,
con todo y los costos en vidas humanas, fue justificada
como una lucha emprendida contra organizaciones
delincuenciales, que fue como se mostró ante la opinión
pública de aquellos años a las agrupaciones guerrilleras.
Si primero se ideologizó a las guerrillas para tratar de
contenerlas y negarles reconocimiento social, después se
negó su aniquilamiento con métodos crapulosos, formas
éstas que también se practicaron en otros países
latinoamericanos que se encontraban bajo dictaduras
militares.
El
gobierno mexicano le apostó al olvido social y emprendió
este olvido desde la práctica institucional con la clara
pretensión de que tales sucesos sólo existieran en el
discurso de la oposición y negarles así credibilidad.
Las distintas administraciones federales no hacían
alusión a la guerra sucia, y cuando se les confrontaba
lo negaban o, en el mejor de los casos, justificaban la
actuación de las policías y el Ejército federal pero con
las formas de la ley.
Pero
tanto el gobierno como el Estado mexicano no tenían
contemplado que por fuera de la Historia oficial que se
empecinaron en escribir, repetir y mostrar como la más
benigna para los mexicanos y en la cual ellos eran los
buenos y los herederos de los “Héroes de la Patria”,
existe una Memoria Colectiva, memorias que insisten en
mantener con vida, literalmente, acontecimientos que
resultan de especial significancia para un determinado
grupo, colectividad o sociedad, y que tal memoria busca
las formas de comunicarse, para que aquellos que no
vivenciaron esos dolorosos acontecimientos no los miren
como un pasado muerto, sino como un presente vivo. Esta
insistencia de los grupos de familiares de las víctimas
de la guerra sucia, que durante más de treinta años han
persistido en su tarea de no dejar que se olvide la
atroz guerra que se practicó contra sus hijos, padres,
hermanos… no hace sino mostrar la necesidad de que sobre
esas décadas oscuras se arroje luz y se trate el tema
con las consecuencias que ello implica. Sí, pues durante
lustros la tan anhelada justicia se ha dedicado a
archivar las demandas judiciales que los sobrevivientes
o familiares de las víctimas han presentado contra
aquellos que fueron responsables de torturas, saqueos,
aprehensiones ilegales, ejecuciones, desapariciones y
muertes.
Solo
recientemente la presión de las organizaciones que han
demandado la presentación, con vida o mínimamente sus
cuerpos, de los desaparecidos durante esos años oscuros,
y un factor de coyuntura en la globalización -como lo es
el que las fronteras, en cuanto a la demanda de respeto
a los derechos humanos en distintas latitudes, se
desdibujen-, el hecho de que la justicia internacional
extienda su mano hacia territorios antes pensados
intocables (como los casos de Chile y Argentina), y el
cambio de partido en el gobierno, entre otras cuestiones,
han posibilitado que en México se reconozca que hubo
excesos que se deben investigar y dejar en claro qué
ocurrió en aquellas décadas de terror. Pero el gabinete
foxista y recientemente el calderonista, terminaron por
asumir un esmirriado compromiso con tal actividad. Y así
el denominado presidente del cambio, Vicente Fox, si al
inicio se inclinaba por la revisión seria y profunda de
ese pasado negro, concluyó expresando que hay que dejar
tranquilo ese periodo y mirar hacia el futuro: hacia
allá miran los mexicanos, y hacia allá debe mirar el
gobierno, insistiría su siempre paradójico razonamiento.
Pero
tales contradicciones no hicieron sino atizar la
polémica, y comenzó a dibujarse cada vez más la
necesidad de arrojar luz sobre el pasado, de poner en
claro los asuntos de casa: de mostrar empíricamente la
crudeza de la guerra sucia, y cerrar el capítulo que aún
sigue abierto. Como abiertas siguen las heridas, muy a
pesar de que los partidarios del olvido social insistan
en que es necesario olvidar periodos de dolor, de sangre,
para no abrir las heridas. En nombre de las víctimas y
sus familias se ha expresado una y otra vez la necesidad
de dejar de lado el asunto. Peor aún, se ha dicho que no
es sano ni viable traer a cuentas el pasado pues ello
llevaría a enardecer los deseos de venganza de un sector
de la sociedad.
No
obstante, para ello hay respuestas. En el primer caso,
algunos sobrevivientes han insistido: las heridas aún no
se cierran, los temblores, angustias, miedos, noches
entrecortadas, gritos nocturnos, el quiebre de voz al
narrar los hechos, las piernas mutiladas, el brazo ya
inexistente, el trastorno mental causado, todo ello ahí
está, no se ha ido; la herida no se puede abrir pues aún
no se cierra. Y si se ha cerrado, puede que no termine
de cicatrizar o haya quedado una infección, razón por la
cual hay que curar, hay que diseccionar, analizar la
herida, discutir el tema. En el segundo caso, algunos
familiares han expresado: queremos saber a quién hay que
perdonar, pero para ello debemos primero saber quiénes
fueron los responsables de las muertes o desapariciones
de los allegados. No ocurrirá en todos los casos,
seguramente, pero para llegar a ese segundo momento
necesariamente se requiere conocer quiénes son los
victimarios.
A
fines de noviembre de 2001 la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer un informe, del
cual se desprendían responsables personales de ejecutar
acciones de la guerra sucia, pero no se reconoce la
implicación de instituciones y menos aún se señalan
tales acciones como políticas de Estado. Una de las
consecuencias de ese informe fue la creación (en enero
de 2002) de la Fiscalía Especial para Movimientos
Sociales y Políticos del Pasado que, al paso del tiempo,
mostró sus limitaciones, asunto que algunos de los
integrantes y asesores expusieron en múltiples ocasiones,
a pesar del aparente avance en la liberación de órdenes
de aprehensión a dos ex-directores de la Dirección
Federal de Seguridad involucrados en la represión. Y
dadas esas limitaciones, como el no contar con recursos
para realizar las investigaciones debidas, y que contará
sólo con (escasas) tres oficinas fuera de la ciudad de
México, cuando fueron más de una docena los estados
donde operó la guerrilla y, por tanto donde se efectuó
la guerra sucia, ello ya planteaba una barrera severa.
Al final, cuando la Fiscalía concluyó sus labores
quedaron grietas, inconformidades de parte de algunos de
sus integrantes para con fiscal de esa instancia y sus
conclusiones no dejaron satisfechos a las distintas
organizaciones que por años han demandado
esclarecimiento de la represión de las pasadas décadas.
Hay
muchas interrogantes que familiares y sobrevivientes de
la guerra sucia han expresado, y la fiscalía especial no
tuvo respuesta. De ahí que resulte necesario construir
otras posibilidades, que bien pueden ser o no
institucionales, para que se expongan, con la crudeza
que ello implica, los acontecimientos de la guerra sucia
y los actos a seguir. Es indispensable persistir en el
intento de esclarecimiento.
Desde
la memoria colectiva, que es entendida como el proceso
de reconstrucción del pasado vivido y significado por un
grupo, colectividad o sociedad, no se pretende imponer
una visión, una perspectiva de tales eventos; no, pues
ello constituiría una nueva forma de protestad donde un
grupo tiene la versión dominante. De lo que se trata, es
de mostrar que existen múltiples memorias, pero que en
especial algunas, las de las víctimas y sus familiares,
han sido relegadas, no han sido escuchadas, han sido
minimizas o de plano omitidas, mandándolas al olvido. No
obstante, y a pesar de lo cual, se mantienen, se
manifiestan por diversos sitios, por ejemplo vía
tradición oral, como constantemente se han mantenido
múltiples memorias de los dominados. Visto así, no se
aspira, como algunos lo han dicho, a que se imponga una
verdad, en este caso, la de los mártires, sino que se
manifiesten, que se expongan, que se conozcan y que se
escuchen esas versiones, las de aquellos que sufrieron
en carne propia la represión y que aún sobreviven. A
ellos y su prosapia es necesario escucharlos, por el
solo hecho de que tienen algo qué decir; y, más aún,
porque es, en este caso, el otro punto de vista, la
versión siempre negada y jamás escuchada. Es necesario,
entonces, conocer la visión de los golpeados. Pero no
sólo conocerla, sino saber qué hacer con esa información,
qué consecuencias acarrea y su impacto a nivel social y
legal. De ahí que cobre sentido la discusión que se ha
generado desde hace algunos años en torno a si crear o
no una comisión de la verdad que investigue los sucesos
sucios del pasado.
Al
respecto existen distintas posturas que pueden delinear
una propuesta. En ello insiste el presente trabajo, pero
se omite la categoría de “verdad” para tal comisión,
porque trae implícito el argumento de que existe una
verdad y ésta emergería o sería descubierta por tal
comisión. Nuevamente, desde esa perspectiva, ronda el
fantasma del totalitarismo, pero ahora con un signo
distinto, el de la oposición. Así, lo que se propone es
que, efectivamente, se cree una Comisión (del pasado, de
la memoria…) que inquiera en torno a la guerra sucia de
los sesenta, setenta y ochenta; esto es, la comisión
tendría que
trabajar en el esclarecimiento del pasado.
La tal
Comisión debe ser Independiente del gobierno federal
como ocurrió en Sudáfrica. Ello por lo que han señalado
certeramente distintos analistas: no se puede hacer una
revisión apropiada del pasado con las instituciones
actualmente existentes. “Apostar a la institucionalidad
del país” para conocer lo que aconteció en el pasado
“sería equivalente a archivarla”. Segundo, si la
Comisión no tiene compromisos con el gobierno, tampoco
debe tenerlos con ninguna, algunas o todas las
organizaciones que demandan se arroje luz sobre la
guerra sucia, pues su tarea es para con la sociedad y no
con uno u otro grupo; de no ocurrir así, se corre el
riesgo de que se parcialice, no ya a favorecer la
postura oficial sino la de un grupo con ciertos
intereses o en un extremo deseoso de venganza.
Tercero, se requiere disposición y voluntad de los
poderes Ejecutivo y Legislativo para que la información
que se encuentra archivada, y que aún es bastante, se
ponga a disposición de tal Comisión (y no se le obstruya,
como ocurrió con la Fiscalía, a quien el Ejército
escondió información) y que ésta trabaje, como bien lo
ha indicado Enrique Semo con la capacidad de un
historiador como Fernand Braudel y de un
detective-investigador como Sherlock
Holmes.
Cualidades necesarias para explorar tales
acontecimientos. Cuarto, deben esclarecerse los trabajos
de la Comisión, tales podrían ser: a) investigar i.
e. descubrir, esclarecer y reconocer las acciones de
tortura, asesinato, masacres, desaparición y las
distintas violaciones a los derechos humanos cometidas
durante la guerra sucia; b) responder a las necesidades
específicas de las víctimas; c) arrojar luz sobre los
autores materiales e intelectuales de tales atrocidades
y excesos; d) indagar qué ocurrió con los desaparecidos
políticos; e) contribuir a la justicia y a la rendición
de cuentas; f) determinar responsabilidad institucional;
g) contribuir a disminuir el conflicto que pesa sobre
ciertos aspectos del pasado, y promover la
reconciliación.
Quinto,
deben establecerse las facultades, alcances y
limitaciones de la Comisión, que bien podrían ser: a)
brindar información para ayudar a “pagar reparaciones”,
las que pueden ir desde la indemnización a los
familiares y/o a los sobrevivientes, hasta el juicio a
los responsables de los daños; en consecuencia b)
contribuir con sus informes para que los responsables
sean llevados a juicio, por lo que c) la Comisión no
tendría facultades para llevar a juicio o castigar a los
señalados como responsables de las atrocidades, pero si
d) proponer reformas al sistema de procuración de
justicia; y e) la información que genere debe estar
disponible para quien desee consultarla.
Sexto,
para la Comisión se podrían establecer cuatro niveles de
actuación para con el pasado: a) conocerse las distintas
versiones hasta ahora ocultas o relegadas sobre los
sucesos de la guerra sucia, de manera especial la de las
víctimas y sus familiares; b) proporcionar información
sobre los responsables, tanto a nivel individual como
institucional, que planearon y practicaron la represión
en esos años, incluso mostrar, si los hubiere,
”patrones” de abuso que se han dado en el pasado; c)
indicar cómo reparar los daños que se cometieron contra
las víctimas y sus familiares; y d) brindar elementos
para el ejercicio de la justicia.
La
tarea, en sentido estricto, atraviesa por 1) para la
sociedad, conocer lo que ocurrió, y que se ha ocultado,
durante la guerra sucia de las décadas pasadas en
México. No se trata de que ahora se imponga la versión
de los victimados, sino de que emerja una o varias
versiones sobre tales sucesos, sobre todo de aquellos a
los que se les ha negado credibilidad. Por ahí empieza
la recuperación de la memoria; 2) para el sistema,
atraviesa por aprender que se cometieron injusticias
contra las víctimas: reconocer que hubo gente y
agrupaciones que fueron tratados con injusticia, que
fueron desaparecidos y ejecutados sin un debido proceso
que garantizara no solamente sus vidas sino que
permitiera comprobar o rechazar los cargos que se les
hacían; 3) para los responsables, en tanto que la
Comisión no deviene en tribunal, el derecho a un juicio
justo; 4) paralelo a una reforma del sistema judicial
(en el caso del gobierno); 5) a las víctimas y
familiares, el derecho a una reparación. Lo cual inicia
por reconocer que fueron víctimas de una guerra no
declarada, que se les persiguió y se les reprimió; y 6)
nuevamente para la sociedad en su conjunto, ayudar a
prevenir abusos en el futuro: se trata de sentar un
precedente ético. En tal caso, se puede apuntar: una
sociedad sin memoria está condenada a repetir sus
errores.
La
consigna, a diferencia de lo planteado por algunos
estudiosos, sería algo así como no a la cacería de
brujas, sí a la búsqueda de justicia. Ello puede ocurrir
a través de una Comisión que rescate las memorias antes
escondidas y ahora prestas para ser compartidas, que al
señalar cómo ocurrieron los abusos contribuya a
prevenirlos y, al ayudar a la rendición de cuentas,
contribuya al fortalecimiento de la procuración de
justicia, y con ello se concurra a “cambiar la forma en
la que un país entiende y acepta los aspectos más
contenciosos de sí mismo”, lo cual atraviesa,
necesariamente, por modificar las relaciones sociales y
aportar elementos a la creación de una nueva cultura
política.
Si se
quiere un equilibrio social que posibilite el tan
anhelado, y de moda, tránsito a la democracia, se
requiere, entre otras cuestiones, esclarecer hechos que
han quedado arrinconados en la oscuridad de los archivos
porque a los anteriores gobiernos priistas les resultaba
incomodo que ello se conociera, por la sencilla razón de
que sus antecesores partidarios habían sido los
planificadores y ejecutantes de tales acciones.
No se
puede aducir que las cosas ya cambiaron en el país por
el sólo hecho de que los colores del partido en el poder
se han modificado, y tampoco se puede repetir, como lo
hizo el ex-presidente Fox, que “necesitamos mirar hacia
el futuro y olvidar el pasado, perdonar lo pasado”, por
la sencilla razón de que no puede haber perdón sobre la
base del desconocimiento, eso se denomina omisión. En
este caso, la omisión pretende dejar húmeda la sociedad
en que nos movemos, lo cual resulta sumamente incómodo.
Se hace prudente secar el ambiente, y para ello es
necesario exponerlo a la luz, a la opinión, a la
sociedad, y que de ello quede constancia.
No se
debe dejar de arrojar luz sobre el pasado, pues sólo la
comprensión y claridad de éste permite entender el
presente y vislumbrar el futuro. La memoria, en todo
caso, es una forma de justicia.
